Abrimos el portátil un lunes cualquiera: el correo es de Microsoft, los documentos viven en Google y lo que pedimos a una IA viaja a OpenAI o a Anthropic, en Estados Unidos. Esa dependencia de unos pocos proveedores extranjeros —la UE compra fuera más del 80% de su tecnología digital clave— es lo que la Comisión Europea quiere corregir con su nuevo paquete de medidas de soberanía tecnológica.
Una dependencia estructural (y poco visible)
Dependemos, en nuestro trabajo diario, de tecnología que no controlamos, y con la inteligencia artificial esa dependencia es cada vez más profunda y menos visible. Nuestro correo y nuestros documentos funcionan sobre servicios de unos pocos proveedores estadounidenses; los datos que suben a la nube y los modelos de IA que utilizamos generalmente no son nuestros. Además, cambiar de proveedor nos costaría un tiempo y un dinero que probablemente no nos salga a cuenta. En definitiva, podemos decir, que tenemos escasa soberanía tecnológica. De hecho, la Unión Europa depende de terceros para más del 80% de sus productos e infraestructuras digitales clave.
La respuesta europea: un nuevo paquete de medidas
Este es el problema que la Comisión quiere abordar con el nuevo paquete de medidas presentado el 3 de junio, y que tiene como objetivo construir nuevas capacidades tecnológicas. El paquete tiene cuatro líneas: semiconductores (el Chips Act 2.0), nube e inteligencia artificial, una estrategia de código abierto y una hoja de ruta para la IA en la energía. Para entender su repercusión podemos analizarlo a tres niveles.
Primer nivel: Datos. A este respecto, hay un elemento que pasamos generalmente por alto cuando utilizamos Microsoft 365 o Google Workspace para gestionar nuestro correo electrónico o nuestros documentos: que esos datos se alojen “en Europa” no los sitúa en el alcance de la ley europea. Al tratarse de compañías estadounidenses, se rigen por la CLOUD Act, que permite a las autoridades de EE. UU. reclamar los datos a cualquier proveedor con sede allí, independientemente de dónde estén físicamente los servidores. Por lo tanto, lo que decide la soberanía no es dónde está el servidor, sino qué compañía opera el servicio y por qué ley se rige. Aquí el paquete aporta algo práctico: la Cloud and AI Development Act creará una etiqueta europea que medirá hasta qué punto un servicio de nube o de IA es soberano, algo hoy casi imposible de comparar entre proveedores.
Segundo nivel: Software. En cuanto al software con el que trabajamos, aquí sí hay alternativa. Frente a los paquetes de pago de las grandes tecnológicas, como Microsoft o Google, varios gobiernos europeos están desarrollando paquetes de código abierto para sus administraciones; Francia y Alemania están uniendo ahora las suyas, la Suite numérique y openDesk, en una opción común, en la línea de la Estrategia de Código Abierto europea. “Código abierto” significa que el programa es público, puede auditarse e instalarse en servidores propios y para una empresa podría ser un “plan B” si quiere reducir su dependencia de las plataformas americanas anteriormente mencionadas.
Tercer nivel: Modelos de IA. Hablamos aquí de los propios modelos de inteligencia artificial, y es el nivel que más afecta a la industria. La IA que las empresas empiezan a usar a diario —ChatGPT, de OpenAI, o Claude, de Anthropic, ambas estadounidenses— la controla un puñado de proveedores; la principal alternativa europea, la francesa Mistral, está aún muy por detrás en escala. Y el riesgo va más allá de la dependencia: cuando una empresa vasca vuelca en esos modelos sus datos de proceso, sus documentos o su conocimiento, expone la propiedad intelectual y la ventaja que la hace competir. De ahí que Europa empuje modelos propios e infraestructura de IA bajo control europeo, para que las empresas aprovechen la IA sin ceder ese control.
Un avance importante, aún con interrogantes
Ninguno de los tres niveles anteriores se resuelve solo, y el paquete europeo tampoco los cubre del todo: llega tarde en algunos frentes y su eficacia está por demostrar. Pero, por primera vez, nos ofrece algo más que proveedores: criterios para comparar, alternativas reales y la posibilidad de exigir control sobre nuestros datos y modelos. El resto depende de nosotros, porque la soberanía tecnológica, al final, no consiste en producirlo todo en casa, sino en no quedarnos sin opciones.
