La carrera por liderar el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un eje estratégico de poder global. En Estados Unidos, el debate se intensifica: por un lado, expertos como Alex Engler advierten en Wired que el país necesita impulsar modelos de IA de código abierto para evitar una dependencia tecnológica de China. Por otro, crecen las tensiones internas: según el mismo medio, Donald Trump planea una orden ejecutiva para limitar la capacidad de los estados de regular la IA, lo que podría socavar esfuerzos como los de California o Nueva York para garantizar la transparencia y proteger los derechos civiles frente a los algoritmos.
Mientras tanto, Europa opta por la cautela. La Comisión Europea ha suavizado su ambicioso marco regulatorio, aplazando hasta 2027 la entrada en vigor de las restricciones más estrictas sobre el uso de datos sensibles. Esta maniobra busca un delicado equilibrio: fomentar la innovación tecnológica y la autonomía estratégica frente a potencias como China y EE.UU., sin renunciar a su compromiso con la protección de derechos fundamentales. La gobernanza de la IA se está configurando como un terreno de disputa entre innovación, soberanía y derechos.
