«En un espacio de investigación sin fronteras no puede haber eslabones débiles». Con esta frase, la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, anunció en octubre de 2025 que la Comisión llevará por primera vez la seguridad de la investigación a la legislación europea. Lo hará a través de la futura Ley del Espacio Europeo de Investigación (ERA Act), cuya propuesta todavía no se ha presentado. Hasta ahora, este ámbito se regía por una recomendación del Consejo de la UE aprobada en 2024, sin carácter vinculante. El cambio de rango dice mucho del momento. La pregunta ya no es si hay que proteger la investigación, sino cómo hacerlo sin frenar la cooperación internacional de la que se nutre la ciencia.
De las campañas de sensibilización a las normas
Como recogíamos en un artículo anterior sobre seguridad económica, las medidas sobre seguridad de la investigación se han multiplicado casi por diez desde 2018. Pero lo que más ha cambiado es su naturaleza. Según explican Yoran Beldengrün y Carthage Smith, analistas de la OCDE, en un artículo publicado en noviembre de 2025, los gobiernos empezaron con campañas de sensibilización y ejercicios de comparación entre países, y han acabado aprobando estrategias, regulación, soft law (normas no vinculantes) y organismos de supervisión. Cerca del 70 % de los países con iniciativas en la materia cuenta ya con instrumentos de este tipo. La idea de fondo es evitar que el conocimiento y la tecnología críticos acaben donde no deben, con medidas proporcionadas que mantengan la cooperación internacional, según la fórmula que recoge la OCDE, «tan abierta como sea posible y tan cerrada como sea necesario».
Detrás de esta tendencia hay una frontera cada vez más borrosa entre ciencia, economía y seguridad nacional. El STI Outlook 2025 de la OCDE lo refleja en los presupuestos: entre 2020 y 2024, los fondos públicos de I+D destinados a defensa en los países de la organización crecieron un 17 %, hasta 111.170 millones de dólares. Al mismo tiempo, la inversión pública se concentra en campos como la inteligencia artificial, la cuántica o la biotecnología, donde los resultados pueden tener aplicaciones civiles y militares. Esa condición de doble uso amplía el número de proyectos y organizaciones expuestos a riesgos de seguridad. Ann-Mari Fineman, de la agencia sueca de innovación Vinnova, lo resumió en un webinar organizado por Science|Business y Digital Science el pasado 14 de octubre: quedan muy pocas áreas tecnológicas sin potencial de doble uso.
Las consecuencias empiezan a notarse en la colaboración científica. La proporción de publicaciones firmadas por autores de varios países subió en la OCDE del 22 % en 2013 al 27 % en 2023, pero los datos más recientes indican que esa tendencia se ha frenado. En Estados Unidos y la UE la tasa apenas se mueve desde 2018, y en China ha caído con fuerza desde 2020, sobre todo por el descenso de sus colaboraciones con Estados Unidos. Los autores del blog vinculan este freno a una supervisión más estricta por parte de los Estados y a una mayor sensibilidad geopolítica. Admiten que muchas de esas cautelas responden a preocupaciones legítimas, pero advierten de que también ponen a prueba los principios de la ciencia abierta.
Del control a la capacidad
Más normas no implica que todo se resuelva con más trámites. La propia OCDE pone el acento en reforzar la capacidad de universidades e instituciones de investigación para evaluar y gestionar riesgos, y en integrar la seguridad dentro de la ciencia abierta, no en su contra.
Jürgen Wastl, de Digital Science, fue un paso más allá en el webinar que esta empresa organizó con Science|Business el 23 de julio. A su juicio, la diligencia debida entendida como una lista de verificación se queda corta. Hace falta research intelligence (inteligencia sobre la propia investigación): saber qué conocimiento genera cada institución, dónde están sus capacidades críticas y qué dependencias se crean con socios de fuera. Suecia ha ido en esa dirección. En marzo de 2026, el Consejo Sueco de Investigación y Vinnova publicaron unas directrices nacionales de internacionalización responsable, de carácter orientativo, para que cada universidad desarrolle las suyas. En España, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lanzó en mayo el portal «Ciencia segura», con orientaciones para que universidades y centros de investigación analicen los riesgos de la cooperación internacional.
Lo que está en juego para Euskadi
El sistema vasco parte de una apertura notable. Según el Informe Sobre la Ciencia en Euskadi 2025, captó 528 millones de euros de Horizonte Europa entre 2021 y 2024, y sus publicaciones en colaboración internacional pasaron del 52,7% en 2019 al 54,8% en 2024, con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia como principales socios. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 del Gobierno Vasco alude también a la seguridad en la investigación, en el apartado dedicado a repasar el contexto europeo. La particularidad vasca está en la cadena de transferencia. Buena parte del conocimiento pasa por centros de investigación de naturaleza diversa (BERC, CIC, centros tecnológicos o institutos de investigación sanitaria) y llega después a spin-offs, startups y pymes con poca estructura para gestionar estos riesgos. «Si no tienen recursos, toda la cadena se romperá», advertía Fineman en octubre.
Para Euskadi, la tarea no pasa tanto por añadir controles como por conocer mejor su propio mapa: qué capacidades tiene en términos de conocimiento y tecnologías críticas, con quién colabora y dónde puede ser vulnerable. También por acompañar a quienes menos medios tienen para hacerlo. Como concluyen los analistas de la OCDE, proteger la investigación no significa cerrar puertas. Bien gestionada, la seguridad refuerza la confianza en la colaboración internacional en lugar de restarle valor.
